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*La idea, señaló el senador David Sandoval, es que esta eventual normativa  responda a los principios dispuestos en la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores 

De manera unánime, la sala del Senado aprobó un proyecto de Acuerdo del senador David Sandoval Plaza, en el cual solicita al Presidente de la República se tramite una Ley Integral para las personas mayores de nuestro país. 

La iniciativa, apoyada transversalmente, plantea que a raíz de la pandemia del coronavirus, muchos adultos mayores no solo han sufrido las consecuencias desde el punto de vistya sanitario, sino que también en cuanto al trato y ejercicio de sus derechos esenciales. “En Chile, durante este periodo, se han conocido a través de medios de comunicación, redes sociales, etc., diferentes casos de vulneración de derechos de personas mayores, quedando al descubierto situaciones de maltrato y abandono por parte de los mismos familiares, y el incremento de fallecidos en recintos que los atienden”, explicó. 

Pero esta lamentable realidad, indicó Sandoval, no es solo exclusiva de la actual pandemia, sino que también responde a la pasividad con la que el Estado ha actuado en esta materia “siendo incapaz de entregar herramientas eficientes que les permita a las personas mayores desarrollar su vida de manera íntegra, como cualquier miembro de la sociedad actual”.

Salud mental, empleo y maltrato

 

Y esto, precisó, queda de manifiesto en las diferentes problemáticas a las que se ven afectados: altas tasas de suicidio y problemas de salud mental, bajas pensiones, informalidad en sus empleos, maltrato y falta de cuidado, entre otras. “Específicamente, las mayores tasas de suicido de personas mayores se concentran en quienes tienen más de 80 años. Este triste índice aumentó en el año 2019 en 133%, siendo el grupo etario donde más creció, pasando de 27 a 63 casos. Lo siguen los adultos mayores de entre 60 y 69 años, entre los cuales los suicidios se incrementaron un 76%”, puntualizó.

En el ámbito del trabajo, señaló, también deben enfrentar una serie de complejidades debido a que, ya sea por necesidad o por elección propia, retornan a la vida laboral, pero mediante una alta informalidad en sus empleos. “Recientes cifras muestran que, actualmente, son cerca de 600 mil personas que no poseen contrato alguno, no cotizan o no pueden acceder a los distintos derechos dispuestos en una relación laboral formal . Esto se ha justificado en razón de una eventual pérdida de beneficios al momento de suscribir un contrato de trabajo, lo que revela una falencia normativa que debe ser abordada mediante las correcciones legislativas correspondientes”, precisó. 

Por otra parte, el maltrato de las personas mayores también constituye un problema social que no ha recibido la suficiente atención a nivel nacional. “Este maltrato se refleja de diversas formas; físico, psicológico, sexual, negligencia o abuso patrimonial; se ejerce de manera activa o pasiva, y se presenta en distintos contextos, ya sea en el ámbito familiar, en las instituciones que prestan asistencia y en la sociedad que los discrimina”, señaló.

“Todas estas problemáticas, solo vienen a demostrar “la punta del iceberg” en esta materia, donde si bien el Congreso Nacional ha presentado distintas iniciativas para hacerse cargo de esta realidad, éstas no han tenido los resultados esperados, debido a una poca agilidad en la tramitación o falta de urgencia legislativa que permita impulsar estos resguardos legales “, recalcó. 

Por todos estos antecedentes es que el parlamentario presentó el proyecto aprobado este miércoles por la Cámara Alta a fin de que se tome en consideración lo dispuesto por la la Convención Interamericana de Derechos Humanos para los Adultos Mayores, ratificada por nuestro país en 2017. “Hay países que ya han avanzado en esta materia, generando normas integrales dirigidas a las personas mayores, como el caso de Costa Rica, a través de la Ley 7935 del año 2001; Argentina, a través de la Ley de Protección a la Ancianidad; y Colombia, a través de la Ley 1251 del año 2008, entre otras”, indicó. 

 

La propuesta 

El proyecto busca promover la participación activa y sistemática de las personas mayores en la formulación y aplicación de las distintas políticas públicas que, en su beneficio, se pongan en marcha.

Además, propone establecer una coordinación intersectorial, donde entidades públicas y privadas otorguen una protección en los distintos aspectos que hoy no han podido ser abordados y que se han visto incrementadas en contexto de la pandemia.

            La sistematización de las diversas normas vigentes en materia de personas mayores en un cuerpo legal único, es otro de los objetivos de la iniciativa, así como también la reformulación del SENAMA como organismo encargado de llevar a cabo las políticas públicas de las personas mayores, estableciendo una nueva institucionalidad, que sea robusta, eficiente, moderna y con los recursos necesarios para responder cabalmente a sus necesidades.